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Russ Mengel, miembro del Comité a Favor de la Medida U 2018, izquierda, y el activista comunitario Gae McNeeley debaten sobre la Medida U durante un foro comunitario que se realizó ayer. La Medida U es una propone que se aumente el impuesto de ventas para recaudar fondos para la seguridad pública y estará en la boleta electoral para las elecciones de noviembre.

El jueves, miembros de la comunidad con puntos de vista opuestos sobre la Medida U, la cual propone un aumento de impuesto de ventas y se incluirá en la boleta electoral en noviembre, debatieron la necesidad de aprobar o rechazar la medida durante un foro público en el Centro de Gobierno de Betteravia.

El foro, organizado por la Liga de Mujeres Votantes del Valle de Santa María, fue diseñado para ayudar a los residentes a tomar decisiones informadas sobre la Medida U cuando voten el 6 de noviembre. Otros patrocinadores del foro incluyeron The Fund for Santa Barbara, el periódico local Santa Maria Times, la Agencia del Área para el Envejecimiento y la NAACP Santa Maria-Lompoc.

El activista comunitario Gale McNeeley habló en oposición a la Medida U. Russ Mengel, miembro del Comité a Favor de la Medida U 2018, representó a quienes apoyan la medida.

Primero aprobada en 2012, la Medida U agregó un impuesto a las ventas de un cuarto de centavo para financiar servicios de seguridad pública en la ciudad, que expirará en 2021. La medida, que proporcionó alrededor de $4.6 millones en fondos el año pasado, paga por los salarios del 10 por ciento del personal del Departamento de Policía y el personal de una de las cinco estaciones de bomberos de la ciudad.

Con la ciudad enfrentando un déficit de $8.5 millones del Fondo General en el año fiscal 2018-19, el Concejo Municipal en julio votó para colocar en la boleta electoral de noviembre una versión revisada de la Medida U que aumentaría la tasa de impuestos a un centavo y eliminaría la cláusula de extinción, dejando el impuesto en vigencia hasta que los ciudadanos voten para terminarlo.

Las prioridades de financiación para la versión 2018 de la Medida U incluyen los departamentos de bomberos, la prevención del vandalismo y el grafiti, la supresión de la violencia pandilleril y el mantenimiento de los tiempos de respuesta médica del 911. Además, la extensión de la Medida U exige un aumento de inversión en la biblioteca, las actividades recreativas, la comunidad indigente y programas para jóvenes en riesgo.

McNeeley dijo que sentía que la ciudad estaba demasiado centrada en la seguridad pública a expensas de otros posibles servicios y programas.

Le pido al Concejo Municipal de 2020-- espero que tengamos un nuevo Consejo Municipal para entonces- que ponga una medida en la boleta electoral con la propuesta de un impuesto de ventas del 0.5 por ciento y que negocie con la comunidad cómo ese dinero podría gastarse más allá de la seguridad pública". McNeeley dijo, sugiriendo que un centro cívico, campos de fútbol y la revitalización de un centro de la ciudad también merecen más inversión.

Mengel dijo que, si no se aprueba la Medida U revisada, el déficit presupuestario de la ciudad, que actualmente se cubre con el uso de los "fondos de emergencia" de la ciudad, provocará la reducción de importantes servicios de seguridad pública.

"Tenemos un déficit presupuestario de $8.5 millones y esencialmente se está usando la cuenta de ahorro de la comunidad, cuando esos fondos desaparezcan, los servicios críticos de seguridad pública se reducirán", dijo Mengel. "Eso significa que una estación de bomberos de comunidad desaparecería, al igual que los puestos de oficiales de policía. Actualmente, algunos de los tiempos de espera para llamadas de servicio son de hasta tres y cuatro horas. Es por eso que la aprobación de la Medida U es tan crítica".

Durante el año fiscal 2017-18, alrededor del 91 por ciento de los $4.6 millones recaudados a través de los fondos de la Medida U se destinaron a servicios de seguridad pública, con alrededor del 52 por ciento para el Departamento de Policía y el 39 por ciento para el Departamento de Bomberos. El 9 por ciento restante proporcionó fondos para mantener abierta la biblioteca ocho horas adicionales por día, y también proporcionó fondos para la eliminación de grafiti, un proyecto del Departamento de Recreación y Parques y para los esfuerzos de cumplimiento del código municipal.

McNeeley dijo que no estaba de acuerdo con la medida y que los ingresos recaudados a través del impuesto de ventas podrían utilizarse para "gastos generales sin restricciones".

"Entonces, como pueden ver, eso se refiere a cualquier cosa que el Concejo Municipal considere importante", dijo McNeeley. "No quiere decir que no van a trabajar para la seguridad pública, obviamente ese es su principal objetivo, pero no están obligados a poner todo ese dinero en seguridad pública".

Mengel respondió que la redacción era necesaria para permitir a la ciudad la capacidad de resolver problemas que pueden requerir soluciones no convencionales para la aplicación de la ley.

"Encontrar maneras no tradicionales de resolver problemas de seguridad pública es algo que es crítico hoy en día debido al cambio en el sistema judicial”, dijo Mengel. "No podemos detener la salida y solución a los problemas de nuestra comunidad".

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